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Senado da entrada a petición para desaparecer poderes en Guerrero

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 El pleno del Senado aceptó que se diera entrada a la petición de los senadores del PAN para que el Senado de la República declare la desaparición de poderes en Guerrero. Una vez que la mayoría de los senadores presentes votaron a favor de que la cámara alta conociera del asunto, el tema se turnó a la comisión de Gobernación.

 Esta comisión cuenta con cinco días para desahogar el tema y presentar un dictamen al pleno. Los senadores panistas demandan que se someta al pleno del Senado la desaparición de poderes del estado libre y soberano de Guerrero, ya que lo ocurrido el 26 y el 27 de septiembre “hacen notoria y evidente la carencia de una aplicación del estado de derecho en Guerrero”.

 El grupo parlamentario del blanquiazul fundamenta su propuesta en que la fracción quinta del artículo 76 de la Carta Magna otorga al Senado de la República la facultad para declarar la desaparición de poderes de un estado, a fin de que nombre a un gobernador provisional quien, en su caso, convocará a elecciones.

 Los panistas refieren la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero. De igual forma, hacen notar que seis personas perdieron la vida y que se han encontrado fosas clandestinas.

 Destacan además que el cinco de octubre la PGR anunció que atrajo la investigación y detalla que el lunes 13 de octubre normalistas y maestros incendiaron y tomaron el palacio de gobierno del estado de Guerrero, así como el edificio del ayuntamiento de Chilpancingo.

 El presidente de la mesa directiva en turno, el panista José Rosas Aispuro, luego de someter a votación del pleno si aceptaba que el Senado conociera el tema, lo turnó para su estudio a la comisión de Gobernación.

 Al mismo tiempo, el PAN presentó a representantes de organizaciones empresariales de Guerrero, quienes apoyaron la propuesta de declarar la desaparición de poderes.

 Jaime Nava Romero, presidente del Centro Empresarial de la Confederacion Patronal Mexicana (Coparmex) de Chilpancingo, señaló que debido a la denuncia que formuló el 15 de agosto pasado sobre la violencia en inseguridad que prevalece en el estado, ha sido víctima de presiones e intimidación por parte de la Procuraduría General de Justicia guerrerense.

 Entregaron un documento en el que advierten que Chilpancingo “está al borde del estallido social”, toda vez que Guerrero se ha convertido en un territorio donde el control y el poder absoluto lo tienen grupos criminales. Agregó que esto ha impuesto al conjunto de la población “un feroz sistema de expolio, con la complacencia de algunas autoridades y servidores públicos de los tres niveles de gobierno”.


La Jornada/Víctor Ballinas y Andrea Becerril 

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