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México, calificado como segundo peor país en índice de impunidad

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El índice, realizado por primera vez, concluye que la práctica de la corrupción en el país no es por cultura popular, sino porque existe la garantía de impunidad.

México se ubicó en el segundo lugar como el país más corrupto en un ranking de 59 países que conforman a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2015 (IGI 2015).

 Se concluye también que la práctica de la corrupción en los mexicanos no es por cultura popular, sino porque tienen garantías de impunidad.

 “La corrupción es el resultado de impunidad. La razón por la cual la gente tiende a que la corrupción vaya en aumento, es porque se dan cuenta que la funcionalidad del sistema, la estructura del sistema de gobierno está creando condiciones que les permiten salir impunes”, advirtió Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de la Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP).

 El índice, realizado por primera vez, exhibe a México en el segundo lugar de los 59 países con mayores niveles de impunidad; sólo superado por Filipinas y seguido por Turquía, Colombia y Rusia.

 Arroja que “el problema de la impunidad en México es funcional y estructural; no nació en esta administración, pero se necesita tomar medidas urgentes para reducir los altos niveles que observamos”.

 El ex canciller Luis Ernesto Derbez Bautista; el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad de Puebla, Andrea Ambrogi, y académicos de la UDLAP, como Gerardo Rodríguez Sánchez-Lara, presentaron el documento donde se destaca a Croacia, Eslovenia, República Checa, Montenegro y Bulgaria como naciones prácticamente libres de actos de impunidad.

 El IGI 2015 mide de manera comparativa la seguridad, el sistema de justicia y el nivel de respeto a los derechos humanos de cada nación.

 Concluye que en el país hay cuatro jueces por cada 100,000 habitantes; en contraste, Croacia cuenta con 45 jueces por cada 100,000 habitantes. Ello revela la necesidad de contar con más juzgadores, acción que a decir de los investigadores, podría reducir la cifra de personas encarceladas esperando sentencia y así reducir la sobrepoblación de las cárceles.

 El IGI 2015 destaca que casi la mitad de la población de los centros de readaptación social (ceresos) en México, 46%, no cuenta con una sentencia judicial, lo que evidencia la deficiencia del sistema de justicia.

 Al tomar en cuenta a los 193 estados miembro de las Naciones Unidas, en materia de impunidad, México ocupa el lugar 58; sin embargo, se coloca en el penúltimo lugar de los 59 países que cuentan con información estadística suficiente para el cálculo del Índice Global de Impunidad.

 De acuerdo con la investigación, las autoridades nacionales requieren “optimizar y ejercer una adecuada ejecución de los procesos de averiguación de la mayor parte de las personas que tienen algún contacto formal con los cuerpos de seguridad. En México no se necesita invertir cada vez más recursos para aumentar el número de policías, sino en los procesos que garanticen la efectividad de sus acciones. La ejecución de esta acción contribuiría a liberar la carga de la estructura judicial”.

 De los 32 estatales, dos federales

Sólo 70% de congresos tiene infraestructura para dar información

todos los congresos del país son sujetos obligados a las leyes de acceso a la información, pero no todos tienen infraestructura para hacer efectivo ese derecho.

De acuerdo con el “Diagnóstico de Parlamento Abierto en México”, elaborado por un grupo de 12 organizaciones sociales, 94.1% de los congresos tiene una oficina ciudadana para atender temas de acceso a la información, y 85.3% publica en su web la dirección de sus oficinas de enlace.

Sin embargo, sólo 70.6% de los congresos tiene procedimientos o mecanismos para que los usuarios realicen solicitudes de información, por ejemplo, la plataforma Infomex.

Entrevistado por El Economista, Guillermo Ávila, investigador del área de Transparencia de Fundar —una de las organizaciones que participó en la elaboración del documento—, explicó que tanto los congresos estatales como el Congreso de la Unión han presentado un desarrollo desigual en materia de transparencia y que los resultados del análisis arrojan un cumplimiento bajo.

Para el diagnóstico se recopiló información de las 34 instituciones legislativas de México —es decir, 32 congresos estatales, el Senado y la Cámara de Diputados— sobre los principios de parlamento abierto.

En el rubro de derecho a la información se consideraron cinco variables que debían cumplir los congresos: si es sujeto obligado (lo son 100%); si tiene una unidad de enlace (94.1% lo tiene); si se publica en la web la dirección de dicha oficina (85.3%) y si tiene mecanismos para realizar solicitudes de información (70.6%).

El principio de derecho a la información de las 34 instituciones legislativas tiene 84.1% de cumplimiento, informa el estudio .

Ávila explicó que se trata de un primer diagnóstico de variables básicas, que consideraron debe tener un parlamento abierto, y con cuatro pilares: transparencia y derecho al acceso a la información; políticas y prácticas que permitan la rendición de cuentas; participación ciudadana, y tecnologías de información.

El estudio recuerda que desde el 2002 el Congreso es sujeto obligado de la ley de transparencia, pero la legislación se ha enfocado al cumplimiento por parte del gobierno federal. (Con información de Mauricio Rubí).

El Economista/Mauricio Rubí 

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